La lucha contra el crimen organizado, la inseguridad y el narcotráfico

Acuerdo entre los principales sectores.


En un desesperado intento de detener la creciente ola de secuestros y homicidios del crimen organizado que castiga al país, el presidente de México, Felipe Calderón; los gobernadores de todos los estados; el Congreso; el Poder Judicial, y organizaciones civiles aprobaron anteanoche por unanimidad un inédito acuerdo nacional de 74 puntos, que prevé nuevas leyes y más recursos para combatir la inseguridad.

El denominado "Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad" incluye, entre otros compromisos, la depuración de la policía y la justicia; la creación de penales de alta seguridad; el registro de teléfonos celulares, y la creación de un observatorio ciudadano para controlar las metas del pacto. Los plazos fijados para cada caso van de un mes a tres años.

El encuentro de las autoridades, realizado en el Palacio Nacional de la capital, reunió por primera vez en la historia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado en 1995, a todos los integrantes de ese órgano, convocados de urgencia por la indignación social ante la ola de violencia.

A pesar de que Calderón, quien asumió la presidencia en diciembre de 2006, aplicó una agresiva estrategia de seguridad, que incluyó el despliegue de 36.000 militares en todo el país, México está sumido en una guerra entre los carteles de la droga y el crimen organizado. Según cifras extraoficiales, en lo que va del año la violencia ya causó 2774 muertes -entre ellas, las de unos 300 policías-, 100 más que las registradas en todo 2007. Además, desde enero último ya hubo 323 secuestros, mientras que en todo el año pasado se habían cometido 438.

En la reunión, el presidente dijo que la delincuencia y el crimen organizado han crecido gracias a la indolencia y la corrupción de diversas autoridades. "Un cáncer que fue ignorado por muchos años, pero que ahora desafía la convivencia pacífica de los mexicanos. Buscamos que haya policías que cuiden a los ciudadanos y no a los delincuentes", agregó.

Las autoridades acordaron reunirse nuevamente dentro de un mes y dentro de 100 días para hacer una evaluación de los avances logrados.

El detonador del encuentro fue el secuestro y asesinato, a manos de policías, del adolescente Fernando Martí, cuyo cuerpo fue hallado a fines del mes pasado. El caso provocó una fuerte conmoción social y motivó la convocatoria para el próximo sábado a una gran marcha contra la inseguridad, con el lema "Iluminemos a México", organizada por grupos civiles.

El empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado, participó de la reunión del Consejo, en la que pidió que las autoridades se comprometan a cumplir los puntos del acuerdo. "Si creen que no van a cumplirlos deben renunciar, pues no deben seguir cobrando un sueldo sin hacer nada. Eso también es corrupción", sostuvo.

El alcalde de la capital mexicana, el izquierdista Marcelo Ebrard, aceptó públicamente el reto lanzado por Martí, al anunciar que los ciudadanos de la capital podrán revocar su mandato mediante una consulta directa si consideran que no cumplió con el acuerdo en los plazos fijados.

El de más corto plazo es concentrar a todos los procesados por delitos organizados y narcotráfico en penales de alta seguridad en un plazo no mayor que 30 días. Según Ebrard, para cumplir todas las metas se necesitarán 1200 millones de dólares sólo en 2009.

Por su parte, los medios de comunicación también se sumaron al acuerdo y se comprometieron a no hacer apología de la violencia y a resguardar la integridad de víctimas de delitos.

Ayer, varios diarios formularon reparos al plan al recordar iniciativas similares que "quedaron en la nada", aunque señalaron que actualmente hay una presión social muy fuerte para hallar una solución definitiva.


Armas automáticas
En un lapso de tres meses, la Secretaría de Defensa autorizará equipamiento con armas automáticas y un calibre superior a cuerpos de seguridad, mientras que la Secretaría de Hacienda aceptó modernizar en menos de dos años todas las aduanas del país para reducir el tráfico de armas y precursores químicos. Las autoridades también se comprometieron a establecer en un año un sistema único de información criminal, que homologue la forma de incorporar y analizar datos sobre el crimen.

Debido a que en México el narcotráfico es considerado un crimen federal, policías locales y estatales poco hacen para frenar a los grupos organizados. Y a raíz de que muchas fuerzas de policía locales luchan por combatir la corrupción, funcionarios de distintos cuerpos policiales suelen ser reacios a cooperar entre ellos.

El plan también incluye un aumento de los exámenes, el entrenamiento y la selección de los aproximadamente 376.000 policías del país. De ellos, apenas 20.000 son federales, reciben buenos salarios y están bien entrenados. El resto, los estatales y municipales, en su mayoría recibe bajos salarios y un entrenamiento insuficiente.



Agencias EFE, AFP y AP